El Gobierno actualizó el régimen de importación de líneas de producción usadas con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas a equipamiento industrial y tecnología moderna para modernizar procesos y mejorar competitividad. Entre las principales modificaciones normativas implementadas, los bienes alcanzados por la iniciativa abonarán únicamente el 25% del arancel de importación aplicable, quedarán exentos de ciertas tasas administrativas, se flexibilizan los requisitos regulatorios sobre antigüedad y composición técnica de las líneas, y se reduce del 30% al 10% la exigencia de compra de componentes de origen nacional.
Las modificaciones procedimentales también incluyen el reemplazo del sistema de auditorías previas por un mecanismo de rendición de cuentas con profesionales certificados, agilizando sustancialmente los trámites de aprobación y reduciendo los tiempos de espera para operaciones de importación. Esta transformación en el enfoque regulatorio refleja un cambio de paradigma: desde modelos de control por revisión administrativa previa hacia marcos de cumplimiento normativo posteriores a la operación, mejorando la eficiencia del proceso. El régimen actualizado busca incrementar la inversión en bienes de capital, particularmente en sectores como manufacturero, alimentario, minería y energía.
Las medidas de simplificación regulatoria se enmarcan en una estrategia más amplia de competitividad industrial. Al reducir barreras de acceso a tecnología importada, el régimen intenta facilitar que empresas argentinas actualicen su base productiva sin requerer inversiones greenfield de mayor escala. La disminución en la exigencia de compra de componentes nacionales (de 30% a 10%) refleja un reconocimiento de que la producción local de ciertos insumos especializados enfrentaría costos o disponibilidad limitada. Esta flexibilización podría resultar en una aceleración de inversiones en modernización industrial en los trimestres venideros.
