El Gobierno argentino logró sancionar una ley que autoriza el pago de USD 171 millones a los últimos holdouts en default desde 2001, representando un hito en el cierre de uno de los litigios más extensos y complejos de la historia de la deuda pública argentina. La iniciativa fue aprobada en Diputados con 139 votos a favor y 97 en contra, tras contar previamente con media sanción del Senado, permitiendo avanzar en el acuerdo alcanzado con Bainbridge Ltd. y el grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP. La medida evita el riesgo de caída del entendimiento, que tenía como fecha límite el 30 de junio.
Los términos del acuerdo contemplan el pago de USD 67 millones a Bainbridge y USD 104 millones al grupo Attestor, con una reducción superior al 30% en relación a los reclamos originales. A cambio, los acreedores entregarán los bonos en disputa para su cancelación definitiva, eliminando los riesgos legales asociados y reduciendo las restricciones regulatorias que habían afectado futuras operaciones de deuda soberana. Esta estructura de quita refleja el poder de negociación del Estado argentino tras la reestructuración de deuda realizada durante la administración anterior.
El cierre de este litigio se enmarca estratégicamente en la iniciativa gubernamental orientada hacia la normalización financiera y la mejora del perfil de litigiosidad externa, elementos clave en la relación con acreedores internacionales. Los bonos que fueron objeto del litigio se originaron en emisiones de la década de 1990 y quedaron en default tras la crisis sistémica de 2001, cuando Argentina suspendió pagos de deuda denominada en dólares y posteriormente realizó sucesivos canjes de instrumentos. El cierre de este último frente litigioso consolida un proceso de normalización que comenzó en 2005 con los primeros canjes y continuó con sucesivas reestructuraciones.
