El jefe de Gabinete de Ministros compareció ante la Cámara de Diputados para presentar su informe de gestión en lo que constituyó su primera intervención formal ante el Congreso. La sesión se desarrolló en un contexto marcado por investigaciones judiciales en curso en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, materia que dominó buena parte del debate. Durante más de una hora, el funcionario repasó la gestión de gobierno y defendió su situación patrimonial, afirmando que no cometió delitos y que sus gastos personales fueron solventados con recursos propios. La jornada contó con presencia completa del Gabinete y con respaldo explícito del Poder Ejecutivo.
Tras la exposición inicial, los bloques opositores orientaron sus preguntas hacia las causas judiciales y la evolución del patrimonio del funcionario, mientras que el oficialismo sostuvo una postura de apoyo durante todo el desarrollo de la sesión. El jefe de Gabinete respondió mayoritariamente a partir de documentos preparados con anticipación, evitando ampliar sobre los temas sometidos a investigación y remitiendo las consultas a las instancias judiciales correspondientes. La dinámica de la jornada combinó momentos de tensión política con las instancias formales propias del proceso legislativo de control parlamentario.
Al concluir la sesión, fuentes del oficialismo señalaron que el objetivo de la comparecencia era brindar explicaciones y sostener la continuidad de la gestión, mientras que el propio funcionario ratificó públicamente su permanencia en el cargo. La oposición buscó focalizar el debate en los cuestionamientos sobre transparencia patrimonial. La jornada operó como un test político e institucional en un escenario de creciente judicialización de la actividad pública, donde el Ejecutivo priorizó exhibir cohesión interna y control del proceso ante la presión legislativa y mediática.
