El Poder Ejecutivo confirmó oficialmente que vetará tres leyes aprobadas por el Congreso el pasado 10 de julio, incluyendo la nueva fórmula de movilidad jubilatoria con incremento del 7,2%, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La decisión presidencial se fundamenta en el impacto fiscal que estas medidas generarían sobre las cuentas públicas.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo conjunto de estas tres iniciativas alcanzaría el 0,92% del PBI para el resto de 2025, con un impacto anualizado que podría superar el 1,7% si se incluyen fondos coparticipables y otras asignaciones complementarias. El Gobierno nacional sostiene que habilitar este gasto significaría «rendirse» en su objetivo central de alcanzar un superávit primario del 1,6%, compromiso pactado con el Fondo Monetario Internacional.
La estrategia política del oficialismo se centra en asegurar los votos necesarios para sostener el veto presidencial. Milei logró sumar cinco diputados radicales a su interbloque y mantiene negociaciones con diversos gobernadores provinciales. Para rechazar el veto se requieren dos tercios de los presentes en ambas cámaras legislativas. En el Senado, donde el peronismo mantiene mayoría simple, el oficialismo no tendría los números suficientes para frenar un rechazo, aunque podría recurrir a estrategias reglamentarias para dilatar el tratamiento. El veto se firmaría el lunes 4 de agosto, fecha límite establecida por la legislación vigente.
