El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone la política de «nación más favorecida» en medicamentos cubiertos por los programas de Medicare y Medicaid, en un movimiento que busca alinear los precios farmacéuticos estadounidenses con los estándares internacionales. Esta medida representa un intento significativo por parte de la administración de abordar uno de los problemas más persistentes del sistema de salud norteamericano: el elevado costo de los medicamentos recetados.
La orden ejecutiva establece un marco regulatorio que contempla sanciones específicas si no se observan avances concretos en un plazo de seis meses. Adicionalmente, incluye disposiciones para permitir compras directas por parte de los pacientes, eliminando así a los intermediarios en la cadena de distribución farmacéutica, identificados como uno de los factores que contribuyen al encarecimiento de los medicamentos. Esta iniciativa busca transformar la forma en que se determinan los precios en el mercado farmacéutico estadounidense, considerado uno de los más costosos a nivel mundial.
La reacción inicial del mercado fue negativa para las acciones del sector farmacéutico, que experimentaron significativas caídas. Sin embargo, los valores se recuperaron posteriormente debido a las dudas emergentes sobre la viabilidad legal y regulatoria de la propuesta presidencial. Los expertos en política sanitaria señalan que existen importantes desafíos legales que podrían obstaculizar la implementación efectiva de esta orden, incluyendo posibles impugnaciones judiciales por parte de la industria farmacéutica y cuestionamientos sobre las facultades ejecutivas para modificar sustancialmente el funcionamiento de programas establecidos por legislación federal.
