El gobierno argentino ha presentado un detallado cronograma de reformas estructurales que se implementarán en los próximos meses como parte de su programa económico y los compromisos asumidos con el FMI. Entre las principales medidas destaca la privatización de empresas estatales, proceso que se regirá por los lineamientos de transparencia definidos en la Ley 27.742, cuya implementación está prevista para noviembre de 2025.
Otra reforma significativa es la eliminación de fondos fiduciarios, programada para diciembre de 2025, manteniendo únicamente el destinado al gas residencial. En paralelo, se trabaja en ambiciosas propuestas de reforma tributaria con fecha estimada para diciembre de 2025 y una reforma del sistema previsional que será presentada al Congreso mediante un informe técnico en 2026. El plan incluye también una revisión de la Ley de Responsabilidad Fiscal y avances en la desregulación del mercado eléctrico mayorista, prevista para noviembre de 2025.
Estas iniciativas se complementan con mejoras en la gestión administrativa a través de la integración de registros sociales y la expansión del sistema financiero e-SIDIF, contando con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial y el BID. Este conjunto de reformas busca respaldar un esquema económico basado en tres pilares fundamentales: disciplina fiscal, desaceleración inflacionaria mediante una política monetaria consistente, y apertura gradual del mercado cambiario, configurando así un ambicioso plan de transformación estructural de la economía argentina.
