La jueza Loretta Preska del distrito sur de Nueva York resolvió que Argentina deberá transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF a los fondos demandantes favorecidos en el litigio por la estatización de la petrolera en 2012. La medida beneficia principalmente a Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de Petersen Energía, IEASA (ex Enarsa) y Eton Park Capital Management en el marco de un reclamo por presuntas irregularidades durante el proceso de expropiación.
El núcleo de la controversia jurídica gira en torno al supuesto incumplimiento del artículo 7° del estatuto de YPF, que exige realizar una oferta pública a los demás accionistas si se adquiere más del 15% de la empresa. Según los demandantes, esta cláusula no fue respetada durante la operación con Repsol que precedió a la estatización. La estatización de YPF fue aprobada en abril de 2012 por el Congreso Nacional, tras el redescubrimiento del potencial energético de Vaca Muerta.
En respuesta al fallo, el presidente Javier Milei anunció que el Estado apelará la decisión «en todas las instancias que correspondan» en defensa del patrimonio nacional. Esta resolución judicial representa un desafío significativo para la administración actual, que deberá navegar las implicaciones legales y financieras del caso mientras mantiene el control estratégico sobre el principal activo energético del país en un contexto de creciente relevancia de los recursos no convencionales.