La administración Trump analiza transformar parte de los USD 10.900 millones del programa Chips Act en una participación accionaria cercana al 10% en Intel. Esta medida supondría un involucramiento directo del Estado en la compañía, con el objetivo de fortalecer a un actor clave que ha perdido terreno frente a competidores asiáticos y TSMC.
Tras conocerse la noticia, las acciones de Intel retrocedieron más del 3%, reflejando las dudas del mercado sobre el impacto de la medida. El eventual canje implicaría emitir alrededor de 442 millones de nuevas acciones, aumentando más del 10% el capital flotante y reduciendo las ganancias por acción. Los analistas interpretan esta «nacionalización parcial» como una señal de debilidad estructural en el negocio de fundición y de las dificultades para captar clientes.
El antecedente de la participación estatal en General Motors durante la crisis financiera vuelve a abrir el debate sobre el papel del Estado en empresas estratégicas. Aunque el apoyo puede brindar alivio financiero, la meta principal seguirá siendo recuperar la capacidad de innovación y competitividad de Intel en un mercado global altamente exigente. Esta medida refleja la preocupación estratégica de Estados Unidos por mantener su liderazgo en la industria de semiconductores.
