La suba del precio internacional del crudo tras el estallido del conflicto en Medio Oriente vuelve a poner presión sobre el precio de los combustibles en el mercado local. Sin embargo, a diferencia de episodios anteriores, el gobierno cuenta actualmente con menos herramientas legales para intervenir en el mercado. Las modificaciones introducidas por la Ley de Bases en la Ley de Hidrocarburos 17.319 eliminaron la posibilidad de desacoplar el precio interno del internacional en situaciones excepcionales, una facultad que históricamente había permitido negociar con los productores esquemas de precios diferenciales conocidos como «barril criollo».
La nueva redacción del artículo 6 establece que los concesionarios tienen dominio sobre los hidrocarburos que extraen y pueden transportarlos, industrializarlos y comercializarlos libremente, mientras que el Poder Ejecutivo no puede intervenir ni fijar precios en el mercado interno. El cambio normativo también buscó evitar que el Estado utilice a YPF —que concentra cerca del 55% del mercado de combustibles— como herramienta de política antiinflacionaria.
En este marco, si el precio internacional del crudo se mantiene elevado, el impacto en el surtidor sería difícil de evitar, ya que el valor local del crudo se determina en función del promedio de los últimos 15 días menos retenciones, actualmente en 4% y con previsión de volver a 8% si se sostiene la suba. Esta dinámica añade un factor de presión inflacionaria adicional en un contexto donde los datos de febrero ya mostraron que los componentes más rígidos del índice de precios resisten a la baja.
