El Gobierno nacional analiza avanzar con la reforma laboral aceptando los reclamos fiscales de los gobernadores para asegurar su aprobación en el Senado y luego en Diputados. La señal que transmiten las provincias es clara: existe disposición a acompañar la modernización del marco laboral, pero no a convalidar una rebaja impositiva que afecte la coparticipación federal.
La reforma contempla la preeminencia del convenio por empresa, limitación de la ultraactividad, banco de horas, regulación del derecho de huelga y creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado con un aporte del 3% de los salarios. Sin embargo, el capítulo fiscal genera resistencia provincial debido a su impacto significativo. Gana fuerza la idea de desdoblar el proyecto, separando el capítulo estrictamente laboral del impositivo para facilitar la aprobación legislativa.
El capítulo fiscal tendría un impacto total estimado en USD 5.700 millones, de los cuales la Nación resignaría USD 2.304 millones y las provincias USD 3.285 millones vía coparticipación. Entre las pérdidas provinciales estimadas se destacan Buenos Aires (USD 713 millones), Santa Fe (USD 290 millones), Córdoba (USD 288 millones), Mendoza (USD 135 millones), Tucumán (USD 134 millones), Santiago del Estero (USD 134 millones), Salta (USD 124 millones), Corrientes (USD 120 millones) y Formosa (USD 118 millones). Adicionalmente, la rebaja de aportes patronales del 3% implicaría un costo previsional cercano a USD 4.200 millones, reforzando la sensibilidad fiscal del capítulo tributario y la necesidad de encontrar consensos que preserven los equilibrios fiscales provinciales.
