El Senado argentino probablemente reunirá los votos necesarios para rechazar el veto del Presidente Milei a la ley de emergencia en discapacidad, después de que Diputados ya revocara la medida presidencial con una mayoría de dos tercios. Esta situación coloca al gobierno en una posición defensiva y obliga a implementar una estrategia de judicialización del conflicto.
Anticipando este escenario adverso, el Gobierno se prepara para llevar el conflicto a los tribunales, argumentando que cualquier medida que incremente el gasto público es inconstitucional por falta de recursos presupuestarios. Esta estrategia apunta a extender la disputa legal hasta llegar eventualmente a la Corte Suprema de Justicia, lo que proporcionaría al oficialismo tiempo valioso hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En paralelo a esta disputa institucional, el jefe de Gabinete Guillermo Francos presentará su informe ante la Cámara de Diputados este miércoles. El oficialismo espera que las críticas de la oposición se concentren tanto en los vetos presidenciales como en el escándalo de corrupción en el área de discapacidad, situación que ha aumentado significativamente la presión política sobre el gobierno durante la campaña electoral. Esta convergencia de crisis institucional y escándalo de corrupción representa un momento crítico para la gestión Milei.
