El oficialismo consiguió aprobar la **reforma laboral con 42 votos** tras introducir modificaciones de último momento para asegurar apoyos aliados, consolidando una mayoría política más amplia de lo previsto. El nuevo marco redefine pilares centrales del esquema laboral: se implementa el **banco de horas** (flexibilizando el pago de extras), se modifica el cálculo de indemnizaciones ajustándolas por inflación + 3% anual y excluyendo adicionales como aguinaldo y vacaciones, y se crea el **Fondo de Asistencia Laboral (FAL)** financiado con aportes salariales y empresariales para cubrir despidos.
Además, se habilitan **pagos salariales en moneda extranjera o en especie**, se promueve la remuneración por mérito/productividad sobre el salario básico convencional y se **elimina la ultraactividad** de los convenios colectivos. En paralelo, se amplía la definición de servicios esenciales (limitando capacidad de huelga) y se establece un régimen de **blanqueo laboral** con incentivos fiscales por cuatro años. El paquete representa el rediseño más profundo del sistema laboral en décadas, con una clara orientación hacia reducción de litigiosidad, previsibilidad de costos y mayor flexibilidad operativa para las empresas.
Desde el punto de vista macro, la reforma apunta a bajar el **»costo laboral implícito»** y reducir la prima de riesgo regulatorio, un elemento que el Gobierno considera clave para atraer inversión y formalizar empleo en un contexto de desaceleración inflacionaria (32,4% interanual en enero). Sin embargo, el costo político no es menor: hubo movilizaciones sindicales y la oposición consolidó un rechazo unificado, lo que anticipa judicialización y conflictividad en la implementación.
El **FAL** y la eliminación de la ultraactividad pueden modificar sustancialmente la dinámica de negociación colectiva, debilitando el poder estructural de los gremios y trasladando mayor peso a acuerdos individuales o sectoriales. En el corto plazo, el mercado probablemente lea la aprobación como una señal pro-mercado y consistente con la agenda de **reformas estructurales** del Ejecutivo. No obstante, el verdadero test estará en la reglamentación y en la reacción del empleo formal durante 2026.
