El oficialismo presentó los principales lineamientos de la reforma laboral que será tratada en el Senado, tras incorporar 28 modificaciones producto de negociaciones con gobernadores, bloques aliados y distintos sectores económicos. Según lo expuesto por Patricia Bullrich, el texto reúne apoyos suficientes para su aprobación y busca avanzar en lo que el gobierno define como una modernización laboral, con foco en la reducción de litigiosidad, la clarificación de conceptos indemnizatorios y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
El FAL será financiado por aportes patronales diferenciados: 1% para grandes empresas y 2,5% para mipymes, en lugar del 3% uniforme previsto inicialmente. El Ministerio de Economía quedó habilitado a aumentar hasta 0,5 puntos porcentuales esos porcentajes si fuera necesario para cumplir metas fiscales. El proyecto también contempla simplificación y digitalización de registraciones, incentivos al empleo formal y modificaciones en la organización del trabajo, como el banco de horas, el salario vinculado a productividad y la posibilidad de fraccionar vacaciones mediante convenio colectivo. Además, se introducen cambios en licencias por enfermedad o accidente no vinculados al trabajo, estableciendo que el trabajador percibirá el 50% del salario si la imposibilidad de trabajar deriva de una actividad voluntaria y consciente.
El dictamen incorpora fuertes concesiones a sindicatos y gobernadores. Se elimina la reducción del aporte patronal a obras sociales (del 6% al 5%) y se mantiene la llamada cuota sindical compulsiva con tope del 2% del salario y vigencia de dos años, así como la retención automática por parte de empleadores. También se retrocede en la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades en determinados tramos, ante la presión de las provincias por el impacto en la coparticipación. Entre los cambios centrales se destaca la eliminación de la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo a las entidades bancarias como canal exclusivo habilitado, tras el fuerte lobby del sector financiero. El texto también posterga hasta 2028 la eliminación del fondo de financiamiento del INCAA, insiste en el traspaso progresivo de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña y confirma la derogación de cinco estatutos profesionales tras seis meses de sancionada la ley, incluyendo cambios específicos en el estatuto del periodista.
