La jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York rechazó la solicitud del Estado argentino para suspender la transferencia de acciones de YPF a Burford Capital, en el marco del litigio derivado de la expropiación de la petrolera ocurrida en 2012. La decisión resultó desfavorable para Argentina y estuvo acompañada de severos cuestionamientos por parte de la magistrada.
Preska argumentó que el país no cumplió con los requisitos establecidos en septiembre de 2023 que permitían una suspensión sin garantías, calificando la estrategia del gobierno argentino como dilatoria. La jueza manifestó que, pese a habérsele concedido una prórroga para facilitar la transición presidencial, «la administración aprovechó al máximo el tiempo extra sin realizar esfuerzos concretos para cumplir con las condiciones impuestas».
Según el fallo judicial, el supuesto perjuicio invocado por Argentina se origina en «sus propias acciones al demorar e intentar evadir sus obligaciones». Esta decisión marca un nuevo capítulo en el prolongado litigio internacional que enfrenta el país, con implicancias significativas para las finanzas públicas y la estrategia jurídica del Estado argentino en tribunales extranjeros.
