El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York un pedido formal para suspender el proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska en el marco del complejo litigio sobre la expropiación de YPF. La controversia judicial involucra el pago de una condena que supera los USD 16.000 millones a favor de antiguos accionistas de la petrolera. El discovery constituye la fase procesal en la cual las partes intercambian pruebas e información, y en este caso específico incluye requerimientos sobre activos argentinos que podrían ser ejecutables para satisfacer una eventual sentencia definitiva.
La Procuración del Tesoro de la Nación fundamenta su solicitud argumentando que las demandas de información resultan «intrusivas y desproporcionadas». La defensa argentina destaca que el país ya ha cumplido ampliamente con la producción de documentos, habiendo entregado más de 115.000 páginas de información. Sin embargo, considera que algunos pedidos adicionales exceden lo razonable y afectan la soberanía del Estado, particularmente cuando involucran datos sensibles o información sobre activos protegidos como las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.
La solicitud formal también incluye el rechazo al pedido de desacato promovido por los demandantes en el mismo expediente judicial. La jueza Preska aún no ha resuelto sobre esta petición de suspensión del discovery, y la causa continúa con múltiples vías procesales abiertas, incluyendo la apelación de la sentencia principal. Este movimiento legal se inscribe en la estrategia del gobierno argentino para limitar la fase probatoria mientras se resuelven los aspectos sustanciales del juicio. El resultado de esta solicitud podría tener implicaciones significativas no solo para este caso específico, sino también para otros litigios internacionales que enfrenta Argentina en tribunales extranjeros, estableciendo precedentes sobre los límites de la exposición de información soberana en procesos judiciales.
