El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló los aranceles globales impuestos por la administración de Donald Trump, determinando que los mismos excedían la autoridad legal del Ejecutivo. La resolución invalida gravámenes aplicados a múltiples países y abre la puerta a potenciales reembolsos a importadores que hubieran pagado dichos aranceles. La decisión constituye un revés judicial significativo para la política comercial de la Casa Blanca y reaviva el debate sobre los límites constitucionales del poder ejecutivo en materia arancelaria.
En respuesta directa al fallo, el presidente Trump anunció que elevará el arancel global del 10% al 15%, buscando sostener su agenda de proteccionismo comercial mediante una nueva base legal. Este movimiento reintroduce incertidumbre en el frente comercial internacional en un momento en que los mercados ya enfrentaban volatilidad derivada de la disrupción de la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. La medida genera interrogantes sobre su sustento legal y la posibilidad de nuevos litigios.
En el plano fiscal, el mercado comienza a evaluar el impacto potencial sobre las finanzas del Tesoro de EE.UU.: si los ingresos por aranceles se reducen por litigios o reembolsos, podría ampliarse el déficit fiscal estadounidense y aumentar la presión sobre la demanda de bonos del Tesoro. Este escenario se suma a los debates en curso sobre el techo de la deuda y la sostenibilidad fiscal de largo plazo, elementos que los mercados de bonos monitorean con atención.
