La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender provisoriamente la orden judicial que disponía la transferencia del 51% de las acciones de YPF a Burford Capital, en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera estatal ocurrida en 2012. Esta decisión otorga tiempo adicional para la presentación de argumentos legales, con fechas establecidas para el 17 de julio por parte de Burford y el 22 del mismo mes para la respuesta argentina.
El caso involucra un reclamo por USD 16.000 millones en concepto de resarcimiento, representando uno de los litigios más significativos que enfrenta Argentina en tribunales internacionales. Desde el Gobierno argentino calificaron la decisión como una señal favorable, especialmente tras una serie de fallos adversos que habían generado incertidumbre en los mercados financieros locales.
Los fondos litigantes se mostraron abiertos a aceptar bonos soberanos en lugar de efectivo como forma de pago, lo cual podría abrir un canal de negociación y reducir la presión sobre las reservas del Banco Central. Según el ex subprocurador Sebastián Soler, una resolución definitiva del caso podría extenderse hasta 2026, manteniendo la incertidumbre legal. Mientras tanto, continúa el proceso de «discovery» solicitado por Burford, con el objetivo de argumentar que YPF y el Estado argentino constituyen una misma entidad, estrategia que permitiría extender el alcance del fallo hacia activos adicionales de la petrolera estatal.