En una sesión marcada por intensas negociaciones entre el oficialismo y la oposición, coincidente con el paro general de la CGT, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en general la Ley de Modernización Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, con 135 votos a favor y 115 en contra. El resultado se obtuvo gracias al apoyo de Pro, la UCR, el MID y varios bloques provinciales, incluyendo legisladores de gobernadores peronistas de Catamarca y Tucumán que habían votado en contra en el Senado. El proyecto, con más de 200 artículos distribuidos en 26 títulos, deberá retornar al Senado para que ratifique la eliminación del cuestionado artículo 44, que proponía reducir los salarios durante las licencias médicas.
La norma introduce cambios de fondo en la legislación laboral argentina: clarifica el cálculo de las indemnizaciones por despido, habilita el fraccionamiento de vacaciones y la creación de un banco de horas como alternativa al pago de horas extra, y permite ampliar la jornada diaria hasta 12 horas compensando horas sin superar el límite semanal de 48. Uno de los capítulos más resistidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes patronales que hoy van a la ANSES, al que la oposición acusa de desfinanciar el sistema previsional.
La oposición —encabezada por Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y la izquierda— calificó la norma de inconstitucional y anticipó que será judicializada una vez que se convierta en ley. El oficialismo, por su parte, busca un tratamiento inmediato en el Senado para convertir la reforma en ley antes del cierre de las sesiones extraordinarias. El Índice de Confianza del Consumidor registró en tanto una caída de 4,7% frente a enero, la mayor baja mensual desde agosto de 2025, período en el que el debate legislativo en torno a reformas afectó la percepción ciudadana sobre la gestión del Gobierno.
